Autocartera y reducción de capital: la AEAT debe tramitar el conflicto en la aplicación de la norma

La cuestión que resuelve el Tribunal Supremo

La STS 468/2026 analiza si la Administración puede recalificar directamente como reducción de capital con devolución de aportaciones una venta de participaciones a la propia sociedad seguida de su amortización, utilizando únicamente la facultad de calificación del artículo 13 LGT.

El contribuyente había considerado que la transmisión de sus participaciones generaba una ganancia patrimonial. La Inspección entendió, en cambio, que la compra de las acciones por la sociedad y su posterior amortización formaban una única operación dirigida a devolver aportaciones a los socios, cuyo resultado debía tributar como rendimiento del capital mobiliario.

El Tribunal Supremo debía determinar si esa actuación constituía una simple calificación jurídica o si exigía tramitar el procedimiento especial de conflicto en la aplicación de la norma tributaria.

La operación declarada por el contribuyente

El contribuyente era titular de participaciones de una sociedad que fueron adquiridas por la propia entidad para incorporarlas a su autocartera. Posteriormente, la sociedad acordó una reducción de capital mediante la amortización de esas participaciones.

En su declaración del IRPF de 2013, el socio calificó la transmisión como una alteración patrimonial derivada de la venta de las participaciones. Declaró una ganancia de 164.756,62 euros.

Como las participaciones habían sido adquiridas antes del 31 de diciembre de 1994, aplicó los coeficientes de abatimiento de la disposición transitoria novena LIRPF. Tras esa reducción, la ganancia no exenta imputable a 2013 quedó fijada en 55.522,28 euros.

Inicio de la inspección

El 6 de abril de 2018 se comunicó al contribuyente el inicio de un procedimiento inspector de alcance parcial, referido al IRPF de 2013 y limitado a comprobar las operaciones efectuadas con sus participaciones sociales.

La Inspección discrepó de la calificación efectuada en la autoliquidación. Consideró que no debía atenderse aisladamente a la compra de las participaciones por la sociedad, sino al conjunto formado por esa adquisición y la posterior reducción de capital con amortización de las acciones.

Según la AEAT, la verdadera finalidad de la operación era devolver aportaciones a determinados socios. Por ello, entendió que la renta no debía tributar como ganancia patrimonial, sino como rendimiento del capital mobiliario derivado de una reducción de capital.

Liquidación tributaria

La Inspección formalizó un acta de disconformidad. El contribuyente alegó que la operación realizada era una verdadera transmisión de participaciones y que debía aplicarse el régimen de las ganancias patrimoniales previsto en el artículo 33.1 LIRPF.

También invocó distintas consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos que, según su criterio, confirmaban que la venta de participaciones a la propia sociedad produce una variación patrimonial para el socio transmitente.

La Administración rechazó esas alegaciones y dictó el 23 de septiembre de 2018 un acuerdo de liquidación provisional. La regularización dio lugar a una deuda tributaria de 32.901,33 euros.

Reclamación económico-administrativa

El contribuyente interpuso reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias.

El TEAR dictó resolución el 31 de marzo de 2022. Confirmó la liquidación tributaria, pero anuló la sanción impuesta.

En consecuencia, se mantuvo la recalificación de la renta como rendimiento del capital mobiliario, aunque desapareció la consecuencia sancionadora.

Recurso ante el Tribunal Superior de Justicia

Contra la resolución económico-administrativa se interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El contribuyente sostenía que la Administración había excedido los límites de la facultad de calificación. A su juicio, la AEAT no se había limitado a determinar la naturaleza jurídica de un negocio, sino que había unido varias operaciones formalmente válidas para atribuirles una finalidad elusiva.

Por ello, defendía que la regularización exigía tramitar el procedimiento de conflicto en la aplicación de la norma tributaria previsto en el artículo 15 LGT.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 14 de septiembre de 2023, desestimó el recurso. Consideró que la Inspección había dado prioridad a los elementos objetivos de las operaciones sin alterar su naturaleza jurídica ni atribuirles una finalidad fraudulenta o artificiosa.

Admisión del recurso de casación

El contribuyente preparó recurso de casación e identificó como infringidos los artículos 13 y 15 LGT.

El Tribunal Supremo admitió el recurso mediante auto de 29 de enero de 2025. La cuestión de interés casacional consistía en determinar si la adquisición en autocartera y la posterior amortización podían recalificarse directamente conforme al artículo 13 LGT o si era necesario aplicar el procedimiento del artículo 15 LGT.

El asunto era uno de varios recursos homogéneos relativos a distintos socios de la misma sociedad. Por eso, el Supremo se remitió a la doctrina que ya había fijado en la STS 516/2025, de 6 de mayo.

Diferencia entre calificación y conflicto

El Tribunal Supremo recuerda que la calificación del artículo 13 LGT permite identificar la verdadera naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio efectivamente realizado, con independencia del nombre utilizado por las partes.

La calificación es, esencialmente, una operación jurídica de subsunción: se examina un negocio real y se determina qué norma tributaria le corresponde según su verdadera naturaleza.

El conflicto del artículo 15 LGT opera en una situación diferente. Se produce cuando los negocios son reales y están correctamente calificados, pero se utilizan de manera notoriamente artificiosa o impropia para obtener un ahorro fiscal, sin que produzcan efectos jurídicos o económicos relevantes distintos de esa ventaja.

La simulación del artículo 16 LGT constituye una tercera figura. En ella existe una discordancia entre el negocio aparente y el realmente querido por las partes.

Estas tres potestades tienen presupuestos, garantías y consecuencias diferentes. Por eso, no pueden ser utilizadas libremente ni intercambiadas según la conveniencia de la Administración.

Lo que realmente hizo la Administración

Para el Supremo, la AEAT no se limitó a calificar jurídicamente la compraventa de participaciones.

La Inspección prescindió del tratamiento individual de la adquisición en autocartera y la conectó con la posterior reducción de capital y amortización de las acciones. A partir de la proximidad temporal de las operaciones, las relaciones familiares entre socios, la existencia de reservas y la falta de modificación significativa de las participaciones, atribuyó al conjunto una finalidad distinta de la declarada.

La propia argumentación administrativa revelaba que consideraba las operaciones artificiosas o impropias y carentes de efectos económicos relevantes distintos del ahorro fiscal. Esos son precisamente los presupuestos característicos del conflicto en la aplicación de la norma tributaria.

Por tanto, la Administración actuó bajo la apariencia de una simple calificación cuando, materialmente, estaba declarando la existencia de un conflicto tributario.

La omisión del procedimiento especial

La declaración de conflicto exige seguir el procedimiento legalmente establecido y obtener el informe previo favorable de la Comisión consultiva del artículo 159 LGT.

En este caso, la Administración no inició ese procedimiento ni recabó el informe. La omisión no constituía una irregularidad menor, sino la falta total de un trámite esencial previsto para proteger al contribuyente frente a la aplicación de la cláusula antielusión.

El Tribunal Supremo concluye que esa omisión determina la nulidad del acto de liquidación conforme al artículo 217.1.e) LGT.